Silvia y su padre Manuel, necesitan justicia y una verdadera escuela.

Por Mª Ángeles Sierra Hoyos.

El día 8 de octubre de 2005, la Consejería de Educación de Castilla- La Mancha, era condenada por el Juzgado nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Albacete a indemnizar a una niña y su familia por demostración de acoso escolar y consentimiento del mismo por parte del estamento público.

Poco más de un año después, esta vez en Extremadura, Silvia una niña escolarizada en Villafranca de los Barros (Badajoz), comenzaba a dar serias y preocupantes muestras de estar siendo acosada, burlada y vejada por ciertos compañeros de colegio, incapaces de respetar el valor de sus diferencias, que supuestamente deberían como principio constitucional imponerles en el colegio.

El tiempo siempre acaba demostrando que es difícil enseñar aquello que no interesa, que se desconoce o que no se siente, como ha sucedido con Silvia. Lejos de ser perceptora de una serie de garantías constitucionales, éticas y humanas y tras las distintas denuncias de su padre, vería aun más reforzado el acoso de que era víctima al que se sumó la desidia e incluso el desprecio de algunos docentes, y de los responsables administrativos y jurídicos ante quienes fue paulatinamente en el tiempo denunciando la sinrazón y hasta la fecha.

Promesas incumplidas, palmaditas en la espalda, inservibles ecos solidarios y mediáticos, silencios administrativos, acusaciones dadas la vuelta, repliegues, huídas hacia adelante, desprecios, afrentas, desconfianza, miedo, incomprensión, rabia, odio, vergüenza, desprotección, soledad, tiniebla, y en medio de tanto caos, Silvia espera.

Hace ya 17 meses que Silvia está sin escolarizar porque su padre ante tanta incompetencia y a la vista de que el estado emocional y psicológico de su hija peligraba y podía resquebrajarse más aun de lo que ya se había resquebrajado, -como así se desprende de los informes psicológicos que obran en su poder-, soportando tanta burla, tanta desprotección, tanto dolor y tanto despropósito para una niña de su edad, se sintió obligado a sacarla del colegio, puesto que ni siquiera se le permitió cambio de aula y de compañeros.

La Fiscalía de Menores también dio la espalda a Silvia, sin ni tan siquiera intentando evaluar el daño psicológico sufrido por la menor, entre otras reivindicaciones del padre e inmiscuirse y archivarse el caso por el propio Juzgado, denegándose la apelación interpuesta al Ministerio Fiscal, tras irle desestimando todos y cada uno de los recursos presentados y basados en su deber como padre de velar ante todo por la integridad física y la salud mental de su hija; la misma que ni el Sistema Educativo Extremeño ni el de Igualdad, dada su especial característica de estar en situación de desprotección institucional le garantizara y mucho menos, le ofreciera y sin que además entre ello mediara la esperada intervención y seguimiento por parte de la Fiscalía de Menores, por la que clamaba y no fue escuchada la abogada de oficio que llevara el caso, dada la falta de recursos económicos del padre, por estar obligado a dejar su trabajo por este lamentable caso.

Esta ciudadana que hoy escribe este artículo acostumbrada a dormir entre problemas de injusticias los mismos que sienta en su mesa, se introdujo una vez más en esta dramática epopeya e incapaz de estarse quieta el pasado día 14 de febrero, día de S. Valentín, ante un ataque social enamorado, se dirigió al presidente de la Junta de Extremadura, a la Consejera de Educación y a la Consejera de Igualdad, a través de carta personalizada y abierta, , pidiéndoles solución, más allá de una respuesta, pero hasta la fecha, ni actúan, ni saben, ni contestan.

No han sido o no están siendo suficientes para hacerles entrar en razones, ni el comunicado enviado por el Foro de Vida Independiente manifestando su malestar ante la patente discriminación que esta niña está soportando por parte de las propias instituciones, ni una posterior carta registrada con fecha 26 de febrero pasado y publicada por el padre en varios diarios de Extremadura, ni los posteriores escritos remitidos por ciudadanos nuevamente al Presidente, ni el hecho de que el caso de la discriminación que vive Silvia, esté divulgándose por Internet a través de redes sociales como Facebook o por haber sido publicado en innumerables espacios y foros digitales, también de alcance internacional, ni los ya muchísimos artículos, publicados y difundidos por Manuel Rodríguez al respecto, así como por la firmante del presente artículo.

Cuando esto lo coja un juez, si es que lo coge, y este padre tiene la suerte de tener el apoyo y defensa que realmente se merece, no será de extrañar que ocurra, como en el caso con que iniciaba este artículo que podremos encontrarnos con una sentencia condenatoria por demostración de acoso escolar y consentimiento del mismo por parte del estamento público, es decir acoso institucional, en la que posiblemente y como en aquel caso, la justicia acostumbrada a preservar el buen nombre de la Administración, hará constar que no hubo mala fe en los actos, aunque a muchos no se nos podrá ir de la cabeza que si no fue mala fe, entonces fue mala leche.

En fin… Y por si aun sirve, para terminar, otro mensaje público  al Presidente:

D. Guillermo Fernández Vara, su ciudadanía, que no son ni más ni menos que sus electores, los que le entregaron la potestad de dirigir la orquesta, no merecen tanta afrenta.

Acepte la invitación, de agarrarse a sus dos (des) consejeras y dimitan o por el contrario adopten las mismas medidas que hubiesen adoptado, de haber sido sus propios hijos víctimas de este atropello institucional, quienes como esta niña hubiesen podido acabar desestructurados social, emocional y psicológicamente como consecuencia de una cadena de negligencias administrativas que tras 5 años de denuncias y 17 meses sin escolarizar por el momento, pueden afirmar conmigo, que no tiene precedentes en todo el país. Triste record nacional, sin duda alguna, Sr. Vara, Presidente Autonómico de Extremadura, por el que puede pasar a la historia.