Carta Pública a la Defensora del Pueblo

Más de 6.000 personas, dirigimos el pasado mes de agosto carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril demandando que interpusiera Recurso de Inconstitucionalidad, frente a las brutales medidas de recorte que ha sufrido la Ley de la Dependencia, por ser la única institución con posibilidad legal  de hacerlo,  o por el contrario a propuesta de 50 Diputados, que dicho sea de paso, ni de lejos pese a nuestros numerosísimos  intentos alcanzamos a conseguir.  

Desde entonces y ya agotados los plazos, la única información que tenemos al respecto no es otra que la anunciada en una pronta y breve  carta protocolaria, adjudicándonos un número de expediente a cada uno y diciéndonos a todos lo mismo, que tendrían que estudiarlo y nos mantendrían informados.

Ante la falta de esa información y dado que ese pretendido Recurso de Inconstitucionalidad solicitado no se ha producido, ni va a producirse porque ya se han agotado los plazos,  ésta  que aquí presentamos, es la nueva carta pública que esas más de 6.000 personas la estamos nuevamente enviando y cuya difusión agradecemos a todos nuestros lectores.

A la Defensora del Pueblo

C/ Eduardo Dato 31 28010 (Madrid)

Nª DE EXPEDIENTE XXXX

Estimada Sra.  SOLEDAD BECERRIL:

Formulé demanda por escrito durante el mes de Agosto junto con miles de personas igualmente que habrá recibido al respecto, en la que le solicitaba que en nombre de la representación que ostenta  como defensora de los derechos fundamentales del pueblo, interpusiera ante el tribunal constitucional en el plazo legal que existe para ello, recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 y disposiciones adicionales y transitorias y finales concordantes del R.D Ley de 13 de Julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  de fomento de competitividad en cuanto que modifica, restringe o suprime derechos reconocidos  en la Ley 39/2006  de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

Su breve respuesta, en la que nos indica que se ha iniciado el estudio del asunto sometido a su consideración, vino a suponer en su momento para nosotros, una especie de esperanza , que transcurrido el tiempo y dado que los plazos comunicados ya se han podido agotar, ante la ausencia de su nueva comunicación,  comienza más a parecernos una soledad forzada, a la que cada día miles de ciudadanos de este país nos vemos abocados por falta de  esa protección institucional, que si bien, nos dispensan las leyes, también es cierto que nos arrebatan sus malas prácticas.

Nosotros, afectados, familias de afectados y ciudadanos solidarios  con los colectivos más vulnerables por falta de igualdad de oportunidades en este país, nos contamos por decenas, por cientos, por miles e incluso por millones atendiendo a la población con diversidad funcional (discapacidad) que conformamos parte del conjunto de nuestro país y somos personas enfrentándonos a una realidad que sinceramente no puede esperar demasiado, por lo que no entendemos sobre ese profundo estudio que nos anuncia ante una situación de emergencia nacional, de inconstitucionalidad y de injusticia social en toda regla, visto, entiendo, entendemos, desde la perspectiva  y el objetivo que su institución ostenta a la par que su silencio, mientras el tiempo y los plazos transcurren sumiéndonos a nosotros los afectados, en un profundo túnel de desesperación ante la sensación de abandono que parece reportarnos nuestra lucha por una justicia social que cualquiera puede precisar mañana.

Miles de personas en este país ya carecían de recursos suficientes con la anterior legislación, para poder llevar a cabo actividades de vida diaria, como pueden ser el aseo, la alimentación, o cualquier actividad entendida como básica, no obstante y Ud. ha de ser consciente, junto con su equipo jurídico y técnico, repito como defensora electa de este pueblo, de que con esas modificaciones nuestra actual situación se agrava y poco o nada se puede esperar.

Nuestra realidad no es otra que la de vivir un 15% de reducción de prestaciones económicas que ya de por si eran precarias, tener que hacer frente, con esas cantidades brutalmente minoradas a las cuotas de una seguridad social que antes cubría ya en mínima y pésima cobertura la administración, con lo que se reduce, nuestra ayuda, una ralentización de apertura de expedientes y cobertura de necesidades, que también ya de por sí venía ralentizada y un espaldarazo completo y sin precedentes a esos niveles de dependencia más leves que no por ser leves, no resultan necesarias.

Me pregunto, Sra., nos preguntamos, ¿Tanto hay que estudiar, para ponerse del lado de quien se ampara o es qué hay que ralentizar además de la paupérrima  ayuda,  la acción, porque en esta ocasión, como quizás en tantas otras, no es el pueblo soberano, el que desde la representatividad de las instituciones tiene la palabra?

Demuéstrenos por favor, que su institución no está  partidistamente politizada.

Un saludo.

En             a                 de Octubre de 2012

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